En Defensa de la CNPA

A la opinión pública en general:

En nombre y representación de la Junta Interna de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.), Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (C.N.P.A.) nos vemos en la obligación de responder a las dos notas que publicó el diario La Nación (últimos 10 y 11 de octubre) respecto a las “Pensiones por invalidez”, ya que los datos y conceptos descriptos en los mencionados artículos son falaces, no ajustándose a la verdad.

Las Prestaciones no Contributivas por invalidez NO SON SUBSIDIOS, son DERECHOS consagrados por Leyes Nacionales, destinados al universo de ciudadanos que cumplan con los requisitos que para cada caso se establece, es decir, que el otorgamiento de las mismas no depende de una actividad discrecional del Poder Ejecutivo, sino del cumplimiento de la legislación vigente (la Ley N° 18.910, que se modificó en el año 1971, extendiendo el derecho a las personas con incapacidad para trabajar), y además cabe destacar que los trámites de pensiones implican respetar un manual de procedimiento, instrumento técnico-legal, con el que nos regimos los trabajadores en su conjunto para nuestra labor cotidiana y profesional.

Estas Pensiones son instrumentos de la Seguridad Social, destinadas ÚNICAMENTE a cubrir las contingencias sociales (de origen biológico, patológico o económico-social), de las personas que NO cuenten con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Además se requiere que NO sean titulares de otras prestaciones. Con esto es importante aclarar que NO toda persona discapacitada se encuentra en condiciones de percibir una pensión no contributiva por invalidez.

Se hace mención en grandes titulares que el 6,8% de POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), posee pensión por invalidez, haciendo especial hincapié en provincias del NOA (noroeste argentino) y NEA (noreste argentino), donde las enfermedades endémicas (la enfermedad de Chagas), como así también los efectos nocivos del impacto del uso de Glifosato, de alta toxicidad, generan enfermedades de efectos cancerígenos, y acciones mutagénicas, entre otras. Sumado a esto, en estas regiones los trabajadores rurales realizan sus tareas acompañados por sus hijos desde muy temprana edad, quienes adquieren patologías invalidantes siendo muy jóvenes, producto de las malas condiciones de trabajo, (tareferos en Misiones y cosecheros de caña en Tucumán, por citar dos ejemplos).

En virtud de lo mencionado, es nuestro deber aclarar que la definición de P.E.A. según la O.I.T. “… está integrada por quienes están trabajando y por los desempleados. No forma parte de la PEA, aquellos que a pesar de cobrar una remuneración no producen, como los pasivos (jubilados y pensionados); aquellos que no cobran salario: los estudiantes en general y niños en etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa y los que poseen fuentes de ingreso, tal los que viven de rentas”.

Entendido el concepto de PEA, afirmamos que los datos porcentuales que el artículo destaca, son tramposos e inexactos.

Por otra parte debe destacarse que a los titulares de Pensiones no Contributivas se les otorga la cobertura del Programa Incluir Salud, por ello, la suspensión o caducidad de las prestaciones implica la interrupción de la cobertura sanitaria de los Pensionados, y por ende de los tratamientos médicos que se están realizando.

Asimismo cabe destacar que, la CNPA tiene presencia y sede en todo el territorio nacional, contando a la fecha con 83 Centros de Atención Local, destinados a la atención de solicitantes de Pensiones no Contributivas y titulares de derechos.

El organismo cuenta con 800 trabajadores y trabajadores con años de antigüedad, capacitados permanentemente, siendo su formación de carácter polivalente.

Claramente, no quedamos ajenos a estas afirmaciones y opiniones, ya que se cuestiona nuestra idoneidad como trabajadores del organismo, y no estamos dispuestos con nuestro silencio aportar a la distorsión y desinformación de una política pública, constituida en un derecho social.

Detrás de esta política pública, hay personas, historias de vida con situaciones complejas de salud, derechos vulnerados, discapacidad social consecuencia de la pobreza estructural, de contextos regionales difíciles y poblaciones devastadas producto de de las políticas neoliberales más salvajes instauradas en nuestro país.

Con el discurso de administrar “adecuadamente” los recursos del Estado, y entendiendo desde nuestra concepción de trabajadores que el Estados somos tod@s, nos preocupa que determinados sectores del espectro político de nuestro país levanten voces para poner la lupa en los fragmentos más desprotegidos y vulnerados de nuestra sociedad. El énfasis debería estar puesto en ejecutar los recursos previstos en el presupuesto nacional, logrando así que muchos solicitantes en condiciones de recibir un derecho puedan acceder prontamente.

Por lo precedentemente expuesto, decimos:

·NO A LA MENTIRA!

· NO A LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAS VULNERADA!

· NO A LAS OPERACIONES MEDIÁTICAS!

· NO AL AJUSTE!

· ¡NO AL ACHIQUE DEL ESTADO!

Y ratificamos:

· SI A LA DEFENSA ABSOLUTA DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, DE NUESTRO ORGANISMO, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES.

 

 *Notas del Diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1945633-el-69-de-la-poblacion-activa-recibe-una-pension-por-invalidez
http://www.lanacion.com.ar/1945852-reclaman-al-gobierno-una-revision-integral-de-las-pensiones-por-invalidez
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